Crisis empresariales como los de Enron, WorldCom o Parmalat sorprendieron a la sociedad y los mercados. Hasta entonces, todo estaba tranquilo porque consideraban que la información económico-financiera (contabilidad, memorias, notificación de eventos y publicación de quarter earnings) que publicaban las empresas--obligadas por los órganos reguladores de cada país--era fiable y de calidad.

Había miles de ojos de expertos financieros que la escudriñan y analizan diariamente--creando un gran mercado secundario que vive de ella (compañías de rating, auditoria, informes bursátiles, medios de comunicación especializados...)--que están preparados para detectar cualquier anomalía. Pero el sistema falló.

Como primera medida para evitar más escándalos de semejante magnitud, en EEUU se puso en marcha la ley Sarbanes-Oxley. Esta ley, junto con una nueva actitud de los responsables de las compañías para conseguir una mayor transparencia financiera y la adopción de los códigos de buenas prácticas corporativas, están calmando el mercado.

La ley Sarbanex-Oxley contribuye a ello al exigir a las empresas que coticen en Bolsa:

1. investigar y publicar las debilidades potenciales de su sistema de control económico-financiero;
2. formar a personal técnico con experiencia suficiente para diseñar un plan que remedie esas debilidades;
3. hacer un seguimiento permanente del plan y evaluar su impacto positivo sobre esas carencias de control a lo largo del tiempo;
4. informar de esos controles y de los procedimientos que se han implantado, ofreciendo resultados de calidad mínima.

Esto acarreó un importante coste adicional para las sociedades cotizadas, una preparación parecida al efecto 2000 ya que les obligaba a realizar el estudio de las debilidades del sistema de control económico-financiero, a diseñar soluciones y crear una estructura de personal para la administración del proyecto y el proceso de cambio. Del mismo modo, se vieron forzadas a invertir en soporte tecnológico y añadir carga de trabajo a gran parte del personal (entrenamiento, asistencia durante la evaluación y seguimiento del plan, generar la documentación...)

En el caso de inversiones en tecnologías, algunas compañía afirman que han tenido que aumentar en un 30% el presupuesto en TI. También se han beneficiado de esta medida las empresas consultoras y las dedicadas a la selección y formación de personal. En cualquier caso, el gasto total acumulado en EEUU por causa de la adaptación a la ley Sarbanes-Oxley alcanzó los $5.5 mil millones (4.400 millones de euros) cuando entró en vigor el 15 de noviembre de 2004.

En la UE se están produciendo incidentes de extraterritorialidad provocados por la ley americana y el Parlamento Europeo ya ha pedido que se reúnan expertos de ambas partes del Atlántico para estudiar como complementar la primera con las disposiciones europeas.

De momento, los Ministros de Finanzas de la UE se oponen enérgicamente a la inscripción de oficio de las sociedades de auditoria de los países miembros en el registro público americano ya que es, en su opinión, pesado, costoso e innecesario, dado que en todo el mercado único existen, o se están estableciendo, disposiciones para reglamentar la auditoria y potenciar la gobierno en las empresas que ofrecen un nivel de protección de los inversores equivalente al que proporciona la ley Sarbanes-Oxley.

Aún así, algunos piden información en tiempo real como medida adicional para ayudar a mercados e inversores a recuperar la confianza. Sin embargo, la información en tiempo real puede obligar a la toma de decisiones en tiempo real, lo cual siempre ha estado reñido con cualquier práctica empresarial. Estaríamos ante el caso de que «es peor el remedio que la enfermedad». Y la información diaria tampoco podría tener ese contenido estratégico que tanto gusta a los analistas.

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