El Estado incurre en unos costes para preservar la vida de sus ciudadanos o reducir su pérdida y para ello diseña políticas e invierte en salud, seguridad laboral, condiciones ambientales y seguridad vial, entre otras. Pero, ¿hasta qué cantidad deben gastar? Si, para evitar una pérdida humana en el trazado erróneo de una curva o en un accidente laboral en una obra pública, se pueden poner en marcha dos iniciativas o planes, A y B, ¿cuál de ellas es la más rentable para el Estado si no se conoce el valor de la vida humana? Y es que ésta debe tener un valor económico que sirva para intervenir en ecuaciones, comparaciones, estadísticas... y ayudar a la toma de decisiones con mayor fundamento. La vida debe ser una variable del Análisis Coste-Beneficio. Desde 1995, la OCDE recomienda, como una forma de mejorar la adopción de medidas reguladoras, incorporar el análisis económico en las regulaciones y políticas propuestas por los Estados miembros.

Hasta ahora, la vida se ha cuantificado a la hora de realizar grandes obras de infraestructura (las Rondas barcelonesas, el trazado del AVE Madrid-Sevilla...) pero siempre bajo el punto de vista de las aseguradoras.

El equipo del Centre de Recerca Econòmica (CRE)-con el apoyo de Sa Nostra y la Universitat de les Illes Baleares-se puso hace dos años a ello y acaba de concluir en su estudio Estimación del valor estadístico de una vida en España que es de 2,74 millones de euros (455,9 millones de pesetas). Para obtener la cifra, el CRE ha recurrido al método de los salarios hedónicos que sugiere que la aceptación de un empleo conlleva un salario y unas condiciones de trabajo pero también unos inconvenientes, entre ellos el riesgo mortal. Esta cifra varía en función de la edad, la situación laboral, la situación familiar y geográfica, el estado de la salud del trabajador, la formación que posea y va a recibir, el sector de la actividad en que desempeñe su trabajo, las funciones asumidas, el tipo de jornada, el entorno laboral... Con una compleja fórmula matemática, se llega a conocer cuánto están dispuestos a pagar los españoles por reducir el riesgo de muerte en el trabajo. El equipo investigador concluye que los resultados también son extrapolables al ámbito privado.

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