Dejar que una Comunidad Autónoma sea la que de el pistoletazo de salida a la reforma de los Estatutos de Autonomía, la que marque las pautas y defina el techo futuro de competencias es una apuesta arriesgada, sino un tremendo error político.

En cualquier caso, el gobierno socialista aceptó la carrera y, en el momento actual del proceso, es un rehén que carece de iniciativa y margen de maniobra para marcar los límites de la reforma. Su socio de gobierno le pone trabas, condiciones y obstáculos para minar su resistencia, realiza advertencias apocalípticas sobre lo que supondría evitar que la reforma salga adelante en Madrid y no tiene reparos en anunciar unas próximas elecciones si se toca una coma de los papeles. El horizonte que se le presenta a Moncloa y Ferraz es tragar o convocar elecciones anticipadas.

No hay un clamor ni un interés de la población por ampliar la capacidad de gestión y de legislar de las comunidades. Podría derivarse que estamos ante una necesidad inventada por los políticos que promueven estas reformas y no ante una exigencia del ciudadano.

La calle no parece alarmada, ni tampoco interesada y, sin embargo, asiste, entre sorprendida y divertida, ante las bufonadas de algunos de los líderes inmersos en la reforma. Esto puede ser un rasgo de madurez y de confianza plena en sus representantes políticos o una tremenda irresponsabilidad.

Aprobar aisladamente la reforma de cualquier estatuto significa establecer diferencias entre las autonomías y sus ciudadanos, crear techos competenciales diferentes en función del territorio y establecer una clasificación en función de los resultados obtenidos de acuerdo con la capacidad particular de cada autonomía para negociar con el gobierno central. Se cae de nuevo en el tremendo error de vertebrar una nación en diferentes tipos de comunidades, como ocurrió en la década de los setenta. Porque nadie pone en duda que tras Cataluña habrá otras comunidades que pasarán de las palabras a los hechos y se pondrán manos a la obra. Sólo están esperando que se materialice la primera reforma. Lo que comenzó como una carrera va a terminar como un maratón negociador a diecinueve bandas para Moncloa.

Se ha perdido la oportunidad de consensuar con todas las comunidades, a la vez en una mesa común, las reformas. Treinta años de vida tiene el modelo autonómico actual y fue producto del consenso en la incipiente democracia. Es lógico situar un panorama autonómico negro si la reforma actual, y las que vengan, no está refrendada por un acuerdo en el que participen todos los gobiernos regionales.

Algo gordo debería pasar en Cataluña para que la propuesta de reforma no termine refrendada por todas las fuerzas políticas con escaño en San Jaume y Moncloa se vea abocada a pagar el apoyo que gran parte de ellas le están brindando al gobierno central. Si finalmente llega a Madrid, la condescendencia socialista y la candidez de su presidente anunciando que se aprobará aquello que llegue firmado por todos y no sea contrario a la Constitución, habrán facilitado que la reforma salga adelante.

El verdadero filtro, dijo el presidente, será la Constitución. Cuando la reforma llegue habrá que observar hacia qué lado se inclina el fiel de la balanza socialista: hacia el de la Constitución o el de la poltrona.